En México, la violencia ligada al crimen organizado es uno de los problemas de segurdad pública más preocupantes y uno de los temas que más les duele a sus ciudadanos. Ante esto, un grupo de investigadores sugiere una estrategia eficiente para combatirla: basarse en datos y evidencia para desarmar la infraestructura económica de estas organizaciones.
Desde 2015, la tasa de delincuencia organizada ha aumentado un 64.2% en el país, excepto por un ligero descenso en 2020. También, a partir de entonces, los homicidios relacionados con estos grupos crecieron de alrededor de 8,000 a más de 23,000.
A través de diversos estudios, Pedro Torres, abogado y profesor investigador retirado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, ha analizado el fenómeno y encontrado que la manera principal de combatir esta situación ha sido desplegando las fuerzas armadas —como el Ejército y la policía— y poco se ha enfocado en afectar sus finanzas.
Combinada con otros esfuerzos, esta sería una táctica efectiva en contra de estos grupos, pues complicaría sus operaciones. “Estas organizaciones tienen una estructura financiera, patrimonial y económica que les permite delinquir, sin embargo, no ha existido una política pública frontal para atacar esto”, dice Torres.
Para hacerlo, en la ley mexicana existen distintos mecanismos que permiten confiscar bienes —como dinero, medios de transporte y propiedades— que tengan un origen ilegal.
“Desafortunadamente, dentro del modelo institucional de las fiscalías, las áreas de análisis patrimonial y económico no han terminado de aterrizar”, explica Torres. “Necesitamos personas especializadas en esto”.
Como combatir el crimen organizado en México
Hoy, los organismos municipales, estatales o nacionales dedicados a investigar delitos, invierten la mayoría de sus presupuestos y esfuerzos en la red criminal, enfocándose en asuntos como logística y balística, no en la parte económica.
De acuerdo con el investigador, contar con expertos, es indispensable para combatir el crimen organizado de forma efectiva. “Para eso no se necesitan criminólogos, ni peritos, sino contadores, economistas, financieros y analistas de datos”, explica Torres. “Una red criminal, casi siempre, tiene a la par una red patrimonial”.
En su mayoría, estos grupos basan sus operaciones en el lavado de dinero y la corrupción de las autoridades —específicamente durante las campañas electorales—, ambos delitos pueden ser detectados a través de análisis financieros.
Con análisis de datos del sistema financiero, las autoridades podrían ver cómo se está moviendo el dinero dentro de estas células criminales, quienes compran propiedades, vehículos o armas, donde lo invierten o cuáles son las cuentas de banco involucradas. “Vas viendo transacciones y ubicando RFCs”, cuenta Torres.
En países como Estados Unidos e Italia, una estrategia efectiva ha sido utilizar los criterios de oportunidad, una facultad del sistema de justicia en donde se puede elegir hacer una negociación con un miembro de un cártel o grupo criminal que haya sido capturado, para obtener información a cambio.
“Si tú me ayudas a llegar a los altos niveles y entender la estructura financiera, te voy a dar ciertos beneficios”, analiza Torres.
Sin embargo, en México, los criterios de oportunidad se utilizan poco y cuando se usan, casi nunca es para desarmar su red económica. “Cuando ya te vas a los números reales, a las sentencias, los decomisos de aviones o bienes, te das cuenta de que detenemos a mucha gente, pero no pasa nada”, expresa el investigador.
Herramientas legales para desarmarlas
En el país, las sentencias por lavado de dinero o corrupción y los decomisos de bienes han sido pocos, dándole a los criminales la oportunidad de contar con su patrimonio cuando salgan o transferirlo a otras personas para que continúen con sus operaciones.
“Hoy, lo que sucede es que lo detienen y lo meten a la cárcel, pero el patrimonio queda intacto”, argumenta Torres.
En un estudio publicado en 2021, Torres, Juan Montero, Carlos Vázquez y Sylvia García, analizaron los esfuerzos de los estados de la frontera norte para combatir el crimen organizado mediante herramientas legales para confiscar bienes asociados a actividades ilegales.
Algunas estas son el decomiso, la extinción de dominio —recuperación de bienes que resulten de actividades delictivas— y el abandono de bienes.
“El dinero recuperado puede y debe ser utilizado por el Estado para seguir combatiendo el crimen”, dice Torres.
A través de análisis de datos y entrevistas con procuradores generales, fiscales y otros miembros de sus sistemas de seguridad, el estudio encontró que existen obstáculos para que los gobiernos puedan realmente atacar su estructuras económicas.
Estos incluyen la falta de institucionalización de Unidades de Inteligencia Financiera y Patrimonial, ausencia de protocolos estandarizados, una coordinación limitada entre instituciones, obstáculos legales —como ambigüedades en la ley y debilidades en el debido proceso—, falta de capacitación legal, corrupción y fragilidad del Estado.
“La debilidad más cercana la encontramos en los municipios”, explica Torres. “Al estar más cerca, es más probable que sean cooptados a través del poder, el terror o el miedo”.
En estados como Baja California y Nuevo León, se han visto algunos avances en los esfuerzos positivos enfocados en esto y, pese a los retos, esas herramientas tienen un gran potencial para ayudar a las autoridades del país a combatir al crimen organizado eficazmente.
El futuro del combate del crimen organizado en México
No obstante a los esfuerzos del gobierno por controlar la situación, es difícil negar que el país se encuentra en un punto crítico de inseguridad y violencia a manos del narcotráfico y otras organizaciones criminales.
“A lo largo del tiempo, las regiones consideradas preocupantes han ido en aumento”, explica Torres. “El Bajío, por ejemplo, hace unos años, jamás hubiéramos imaginado que enfrentaría los problemas que tiene ahora”.
Otra muestra de esto es la reciente declaración del gobierno estadunidense en la que se designa a algunos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Aunque hay posturas encontradas, esto podría representar un cambio relevante en la estrategia contra estos crímenes.
“Ese mecanismo externo de control va a tener un impacto en la política de seguridad pública del país”, expresa el experto. “Van a estar presionando y pidiendo resultados”.
Para el investigador, esto significa que el país se encuentra ante una oportunidad valiosa para ampliar el uso de las herramientas legales que existen para limitar la estructura financiera de las organizaciones criminales y así agilizar la manera de combatirlas.
Aunque, con el tiempo, las maneras de lavar dinero o cometer actos de corrupción pueden cambiar con el avance de la tecnología, el seguir de cerca los bienes y movimientos económicos de las organizaciones criminales siempre será una buena estrategia para combatirlas.
“Si lo analizamos, la mayor parte de los delitos tienen como incentivo principal el dinero”, dice Torres. “Con nuestros estudios, le damos al Estado herramientas, a través de bases de datos, que debe revisar para poder focalizar sus esfuerzos en atacar este aspecto”.
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