En América Latina, millones de personas viven en asentamientos considerados informales. Aunque suelen percibirse como espacios desordenados y ajenos al Estado, un estudio comparativo entre Colombia y México propone que es algo mucho más complejo.
Al analizar dos países de la región, la investigación sugiere que el fenómeno no es blanco o negro, sino un gradiente de grises moldeado por acciones gubernamentales, dinámicas sociales y características geográficas.
“Siempre ha dominado una dicotomía para hablar de lo regular o irregular” dice Lucía Elizondo, profesora investigadora de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD) del Tec de Monterrey, y una de las autoras del artículo. “Pero hay muchos procesos formales que tienen rasgos informales y viceversa”.
El análisis estudió cuatro asentamientos: dos en Soacha, Colombia, y dos en Monterrey, México, para entender cómo se da la informalidad y qué la condiciona.
Para hacerlo, combinaron trabajo de campo, entrevistas y análisis espacial. Recorrieron los territorios, documentaron visualmente las características físicas del entorno y conversaron con habitantes para conocer cómo acceden a vivienda, servicios e infraestructura.
Además, analizaron variables como la traza de calles, el tipo de terreno, los materiales de construcción y los niveles de consolidación urbana desde un enfoque que estudia cómo las ciudades se construyen y transforman progresivamente.
A lo largo de la historia, los gobiernos latinoamericanos han intentado regular estas viviendas, pero hasta ahora —a pesar de que no hay cifras exactas— siguen existiendo y se estima que van al alza.
“Queríamos hablar del concepto de informalidad y cómo prevalece a pesar de décadas de políticas públicas, estudios y aproximaciones”, dice Natalia García, profesora investigadora de la EAAD y otra de las autoras del artículo.
Dos formas distintas de producir ciudad
Al estudiar dos contextos distintos dentro de Latinoamérica, las investigadoras encontraron que aunque ambos casos comparten la desigualdad y la falta de acceso a la vivienda, las causas y consecuencias de la informalidad son distintas.
En Colombia, por ejemplo, los habitantes pueden acceder y pagar servicios como electricidad o agua incluso sin tener la propiedad legal del terreno. En México, en cambio, la provisión de servicios suele depender de la regularización previa, lo que deja a muchas comunidades en una especie de limbo.
Las diferencias también aparecen en quiénes viven en estos espacios. “Algo que nos llamó la atención es que la mayoría de quienes los habitan son mujeres”, dice Elfide Mariela Rivas, profesora investigadora de la EAAD y autora del estudio.
También cambia el origen de la informalidad. En Soacha, por ejemplo, predominan las llamadas urbanizaciones piratas, donde personas intermediarias venden terrenos de forma ilegal y después desaparecen. En Monterrey, es más común que un grupo de personas se organice para ocupar un espacio.
“Prevalece esta idea de que en el sur global los procesos son muy similares, pero no”, dice Elizondo.
Las diferencias además se reflejan en la forma física de las viviendas. En Soacha, encontraron barrios construidos sobre laderas pronunciadas y terrenos complejos, situados principalmente en las periferias. Monterrey, por el contrario, presenta viviendas en terrenos más planos, muchas veces en el centro de la ciudad.
Estas y otras diferencias apuntan a que el contexto político, social, institucional y del mercado influyen directamente en esto. “Las dos lógicas de alguna manera van formando cuestiones tangibles del asentamiento”, dice García.
De asentamiento informal a autoproducido
Más allá de explicar que la informalidad no es parte de una simple dicotomía, el artículo habla de cómo el Estado ha permitido que esta se expanda.
“El que no exista ni siquiera un mapeo de estos asentamientos todavía es más grave, es un no reconocimiento institucional”, exclama Rivas.
Para las autoras, el crecimiento de estos asentamientos está ligado a la incapacidad del Estado para garantizar acceso universal a vivienda. “Siempre se habla del derecho a la salud, la educación y la vivienda”, dice Elizondo. “Pero en la vivienda no se ha logrado porque no se entiende del todo y está ligado al mercado”.
Las personas suelen terminar en asentamientos informales porque el acceso a vivienda formal es insuficiente, demasiado caro o tiene requisitos que una parte de la población no puede cumplir. Factores como desigualdad, pobreza y especulación inmobiliaria empujan a muchas familias a buscar alternativas.
En algunos casos, también influyen fenómenos como desplazamiento forzado, migración o crisis económicas.
Frente a esto, muchas personas compran terrenos irregulares u ocupan espacios vacíos. Ahí, son capaces de autogestionarse y organizarse, por lo que las autoras sugieren que se vea como una forma alternativa de hacer ciudad.
Sus habitantes —estudiantes, profesores, familias y trabajadores— han respondido construyendo su propio hábitat, por lo que es importante desarrollar una visión que no les estigmatice.
“Es una población abandonada que ha hecho por sí misma lo que nadie más ha hecho por ella”, enfatiza Elizondo.
En muchos casos, estas comunidades desarrollan redes de apoyo y formas de organización que no existen en los llamados desarrollos formales. “Los hace muy genuinos y comunidades, creo, más fuertes”, apunta Rivas.
Por ello, las autoras sugieren abandonar el término informal y optar por opciones como asentamiento autoproducido.
Más allá de la regularización
Todo esto no significa que los asentamientos autoproducidos no tengan riesgos y que no sea responsabilidad del Estado garantizar que sus habitantes vivan seguros.
“Si están cerca de un río o una pendiente pronunciada donde puede haber deslizamientos de tierra, eso representa un peligro”, advierte García.
Sin embargo, la cosa no es tan sencilla como regularizar, pues hay que cuestionarse para qué se haría y a quién beneficiaría.
Entre sus propuestas de soluciones, las autoras destacan:
- Diversificar la oferta de vivienda (no solo construcciones terminadas).
- Ofrecer lotes con servicios para construcción progresiva.
- Brindar asistencia técnica a las comunidades autoproducidas.
- Agilizar procesos de regularización.
- Generar políticas públicas enfocadas en proteger a sus habitantes.
También, la academia y los investigadores pueden ayudar a través de la educación. “La información es poder”, dice Rivas. “Tal vez se pueden hacer capacitaciones y acompañamiento en ciertos procesos”.
Así, más que eliminar la llamada informalidad, el estudio invita a entenderla porque es claro que más que anomalías urbanas, estos asentamientos son evidencia de cómo millones de personas han encontrado formas de habitar ciudades que no fueron diseñadas para ellas.
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