Cuando México, Estados Unidos y Canadá obtuvieron la sede conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2026, gran parte de la atención se centró en los beneficios económicos, la infraestructura y, por supuesto, el espectáculo deportivo. Sin embargo, conforme se acercaba el torneo, comenzó a hacerse visible otra dimensión igualmente relevante: el Mundial como uno de los ejercicios de cooperación regional más ambiciosos de la historia reciente de América del Norte.
Las reuniones de coordinación trilateral celebradas durante los últimos meses pusieron de manifiesto el nivel de cooperación que exige un evento de esta magnitud. Los tres gobiernos establecieron mecanismos para compartir información, coordinar protocolos de seguridad y desarrollar respuestas comunes ante amenazas emergentes. Más allá de las cuestiones técnicas, estos esfuerzos reflejan la capacidad de construir respuestas conjuntas ante desafíos que trascienden las fronteras nacionales.
No obstante, existe una dimensión del Mundial que ha recibido mucha menos atención: la movilidad humana. La Copa Mundial de 2026 movilizará a millones de personas entre los tres países anfitriones. Aficionados, periodistas, trabajadores temporales, voluntarios y delegaciones deportivas cruzarán fronteras de manera constante durante varias semanas. El éxito del torneo dependerá, en buena medida, de la capacidad de los gobiernos para facilitar estos movimientos mediante mecanismos de coordinación migratoria, intercambio de información y cooperación administrativa.
Resulta particularmente interesante que el torneo tenga lugar en una región donde la movilidad humana se ha convertido en uno de los temas políticos más sensibles de los últimos años. En Estados Unidos, la migración continúa ocupando un lugar central en el debate político. México enfrenta el reto de gestionar flujos mixtos de migrantes y solicitantes de asilo mientras fortalece sus capacidades institucionales. Canadá, por su parte, también ha debatido cada vez más sobre la capacidad de sus sistemas de acogida e integración.
La paradoja es evidente. Mientras los tres gobiernos trabajan para garantizar la circulación eficiente de millones de turistas y visitantes internacionales durante el Mundial, por otro lado enfrentan desacuerdos sobre cómo gestionar los movimientos de personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras categorías de migrantes. El mismo espacio regional que buscará agilizar los cruces fronterizos para aficionados y delegaciones deportivas sigue debatiendo cómo responder a quienes cruzan esas fronteras en busca de protección o de mejores oportunidades de vida.
Esta tensión ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo entendemos las fronteras y la cooperación regional. Después de todo, el Mundial demostrará que América del Norte posee la capacidad institucional para coordinar grandes flujos transfronterizos de personas cuando existe voluntad política, objetivos compartidos y mecanismos adecuados de cooperación.
Los grandes eventos deportivos han sido históricamente herramientas de diplomacia pública. El Mundial de 2026 ofrece la posibilidad de ir un paso más allá y utilizar el deporte como una plataforma para promover el diálogo, la inclusión y la cooperación regional en torno a desafíos compartidos.
México se encuentra en una posición particularmente favorable para impulsar esta conversación. Durante las últimas décadas, el país ha sido simultáneamente lugar de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Pocos Estados de la región poseen una experiencia tan diversa en materia de movilidad humana. Esa trayectoria podría traducirse en propuestas innovadoras que complementen las dimensiones económica y de seguridad que actualmente dominan la agenda del torneo.
Al mismo tiempo, México podría impulsar una discusión sobre el tipo de legado que dejará el Mundial al concluir el torneo. En lugar de medir su éxito exclusivamente por la derrama económica o el número de visitantes recibidos, los tres países anfitriones podrían aprovechar esta experiencia para fortalecer mecanismos permanentes de cooperación en áreas relacionadas con movilidad e inclusión, por ejemplo.
La historia demuestra que los megaeventos deportivos suelen dejar legados ambiguos. Algunos transforman ciudades y fortalecen capacidades institucionales; otros terminan siendo recordados por sus costos o controversias. El Mundial de 2026 todavía tiene la posibilidad de construir un legado distinto: demostrar que la cooperación regional puede extenderse más allá de la seguridad y la logística para incorporar también una dimensión humana.
En un contexto marcado por la polarización política y el endurecimiento de las fronteras, la diplomacia deportiva ofrece una herramienta poco explorada para promover el diálogo y la inclusión. La pregunta no es únicamente si México, Estados Unidos y Canadá serán capaces de organizar un Mundial exitoso. La verdadera interrogante es si estarán dispuestos a aprovechar esa experiencia para construir una visión más cooperativa de la movilidad humana en América del Norte.
Si lo consiguen, el legado más importante de 2026 no estará en los estadios. Estará en la capacidad de transformar un torneo de fútbol en una oportunidad para repensar la cooperación regional en torno a uno de los desafíos más relevantes de nuestro tiempo.
Autor
Mary Carmen Peloche Barrera es profesora asociada de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, campus Puebla. Se especializa en temas relacionados con políticas migratorias y con el Régimen Internacional de Protección de Refugiados. Es miembro de diversos grupos de investigación y de asociaciones profesionales en el ámbito de las relaciones internacionales, como la American Political Science Association y la Global Academic Interdisciplinary Network.
