EN

|

ES

La vulnerabilidad social: criterios para su medición

(Foto: Adobe Stock)

Por Gabriela Monforte García

La Organización de las Naciones Unidas (2022) define a la desigualdad económica como la diferencia en la distribución de los ingresos, los bienes y las rentas dentro de un grupo, sociedad o país. Las desigualdades socavan el progreso económico, lo que a su vez agudiza las diferencias sociales (ONU, 2022).

Tanto dentro de los países como entre ellos se observan también desigualdades por la ubicación geográfica, por la edad, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual, la clase social y la religión, factores que determinan el acceso a las oportunidades y al bienestar. Adicionalmente a lo anterior, actualmente están surgiendo diferencias en otros ámbitos como el acceso a internet y a las tecnologías móviles (ONU, 2022).

México ocupa el segundo lugar en desigualdad de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y uno de los países más desiguales de Latinoamérica, región que se caracteriza por ser la más desigual en el mundo (Solís, 2016).

Una forma de desigualdad social es la vulnerabilidad. El DIF (2017), define a la vulnerabilidad como un fenómeno social que implica una condición de riesgo que padecen los individuos como resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera que dicha condición no sea superada por ellos mismos y se limiten sus oportunidades de desarrollo. El concepto de vulnerabilidad no se refiere solamente a la pobreza, sino que también reconoce la existencia de conductas discriminatorias y de marginación hacia ciertos grupos (DIF Nacional, 2017).

El concepto de vulnerabilidad no se refiere solamente a la pobreza, también reconoce la existencia de conductas discriminatorias y de marginación

Otra forma de conceptualizar a la vulnerabilidad se explica en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se define a la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales (INEGI, 2011).

Nuevo León, Estado de la República Mexicana que se ubica entre las entidades federativas con mayor aporte al PIB nacional, reporta que 14.5% de la población vivía en situación de pobreza (CONEVAL, 2020). No obstante, el porcentaje de pobreza en Nuevo León es 27.4 puntos porcentuales menor que el porcentaje nacional siendo este de 41.9%. Por otro lado, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Nuevo León fue de 34.4%, es decir 1,832,700 personas aproximadamente presentaron al menos una carencia. Al mismo tiempo, 6.6% de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de 350,100 personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas (CONEVAL, 2020).

Aunque el Gobierno de Nuevo León ha unido esfuerzos para disminuir la situación de vulnerabilidad de estas comunidades a través de la “Nueva Ruta”, convenio para generar condiciones dignas de vida en las personas más vulnerables combatiendo la pobreza extrema y desigualdad en Nuevo León (Maldonado, 2022), la ausencia de sistemas de información robustos ocasiona la pérdida de información que dificulta la medición del desempeño de los proyectos de ayuda social por lo que no es posible evaluar el cumplimiento de los objetivos.

La desigualdad en Nuevo León debe abordarse desde el establecimiento de mecanismos confiables de registro y análisis de información para la toma de decisiones. La Secretaría de Igualdad e Inclusión a través de la Subsecretaría de Protección Social y Oportunidades manifiesta que enfrentan una ineficiente asignación del presupuesto destinado a las comunidades vulnerables de Nuevo León. Una de las metas de esta administración es establecer una metodología que permita identificar los proyectos y acciones de mayor impacto, así como medir los efectos de dichos proyectos.

Las autoras Tapia y Reza (2013), señalan que las políticas que universalizan la entrega de los programas sociales no contribuyen al combate de la desigualdad. Por el contrario, la exacerban al destinar la misma cantidad de recursos a estratos sociales con necesidades diferentes, siendo este un claro error metodológico que resulta en el constante incremento en la desigualdad en México (Tapia & Reza, 2013). En contraparte con lo anterior, la focalización en la distribución de los recursos públicos hacia los sectores o comunidades vulnerables incrementa la efectividad en materia de la reducción de la desigualdad (Tapia & Reza, 2013).

Dada la importancia de la identificación precisa de las necesidades y su impacto en el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos, a través de la presente investigación se realizó un contraste de los índices de vulnerabilidad social diseñados por diferentes organismos que permitan comparar de una manera objetiva los diferentes factores de vulnerabilidad de la población.

Tabla 1. Índices de vulnerabilidad y criterios de medición

Índice

Organización

Criterios de vulnerabilidad

Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) Desarrollo Integral de la Familia (DIF) • Familiar
• Marginación
• Discapacidad
• Adulto mayor
• Género
• Educación infantil
• Salud y nutrición infantil
Índice de Marginación (IM) Consejo Nacional de Población (CONAPO) • Desagregación geográfica
• Educación
• Viviendas inadecuadas
• Ingresos
• Localidades de menos de cinco mil habitantes
Índice de Desarrollo Humano (IDH) Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) • Supervivencia infantil
• Matriculación
• PIB per cápita
Índice de Rezago Social (IRS) Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) • Educación
• Acceso a servicios de salud
• Acceso a servicios básicos
• Activos
• Calidad y espacios en la vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes originales.

En la tabla anterior se observan los diferentes criterios que son considerados en cada índice para medir la vulnerabilidad de la población. Aunque la mayoría incluyen variables económicas y sociales, el énfasis cambia enfocándose en ciertos aspectos específicos. El IVS privilegia la dimensión de la nutrición infantil, el IM hace énfasis en la ubicación geográfica y en el tamaño de la población, el IDH se basa en los factores que inciden en la esperanza de vida y el IRS en el acceso a diversos servicios entre ellos la educación.

Dados los alcances de los índices mencionados, una propuesta para la Secretaría de Inclusión e Igualdad es construir un índice compuesto a partir de los criterios prioritarios bajo los cuales realizará la determinación de sectores críticos, es muy importante también considerar la dimensión ambiental ya que esta también incide en grupos poblacionales que son mayormente afectados por la degradación ambiental.

Finalmente, es muy importante incorporar en la construcción del índice los efectos positivos o negativos de los proyectos aplicados en el ciclo anterior, de esta manera se tendrá a la vez un indicador de la eficiencia en el uso de los recursos.

Autores

Gabriela Monforte García es Ingeniera Bioquímica con Maestría en Ciencias y Doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en Desarrollo Sustentable. Actualmente es profesora de tiempo completo del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, de la Escuela de Negocios, del Tecnológico de Monterrey. Pertenece al Grupo de Investigación «Innovación Social y Sustentabilidad«. Correo: [email protected]

Este artículo es resultado de una concentración de la unidad de formación llamada «Analítica de negocios: de los datos a las decisiones», que forma parte del Modelo Tec21, en la Escuela de Negocios.

Las y los estudiantes que participaron en este artículo son:

Referencias

¿Te gustó este contenido? ¡Compártelo!