En marzo de este año, un hombre murió a causa de golpes y quemaduras, luego de ser linchado por decenas de pobladores en Tuxtepec, Oaxaca, quienes lo acusaban de abuso sexual a una menor.
Hace un año, una mujer falleció en un linchamiento por habitantes de Taxco, Guerrero, que la sacaron de su domicilio, junto a sus dos hijos, y la agredieron, a golpes, patadas y con palos, por presuntamente participar en la desaparición y asesinato de una niña de ocho años. En ambos casos de violencia colectiva, los habitantes no esperaron el accionar de las autoridades y tomaron justicia por su propia mano.
Históricamente, México ha sido escenario de linchamientos, con reacciones violentas de las comunidades en contra de presuntos delincuentes, pero suelen tener un efecto negativo, porque no generan una mayor sensación de seguridad en la ciudadanía y producen un aumento en ciertos delitos, explica Sandra Ley, politóloga y profesora distinguida de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey.
A lo largo de su carrera, la investigadora, quien también es parte de la iniciativa Faculty of Excellence, ha estudiado los efectos del crimen organizado en México, con un enfoque particular en las reacciones de la ciudadanía ante la inseguridad.
Actualmente, junto a colegas de la Tulane University y la UC Davis, trabaja en un proyecto que busca entender la naturaleza y causas de este fenómeno social en el país, como una forma en la que el pueblo ejerce justicia por su cuenta, distinta a otros grupos organizados como las autodefensas.
Como parte de su investigación —y en respuesta a la falta de documentos oficiales y fuentes sobre este tema— crearon la base de datos Linchamientos en México (LEM) con información detallada de 2,032 eventos entre 2009 y 2022, y, a partir de ella, desarrollan varios artículos y textos relacionados a factores desencadenantes, el rol y la respuesta de las autoridades, las víctimas, y las consecuencias de la violencia multitudinaria.
Naturaleza y causas de los linchamientos en México
Los linchamientos se incrementaron durante la última década. La base de datos indica que hubo una tendencia al alza entre 2009 y 2018, con una disminución constante a partir de ahí, aunque con más de 100 incidentes cada año entre 2019 y 2022. Ley menciona que la disminución de este tipo de eventos en ese periodo podría estar asociada a la pandemia, que cambió en ese momento la dinámica social y la posibilidad de organizarse.
La tendencia creciente de los linchamientos fue acorde al aumento de la criminalidad en varias regiones del país. Estos eventos fueron más frecuentes en la zona centro de México, como el Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo y Morelos; y también, en poblados del sur del país, en entidades como Yucatán, Chiapas y Oaxaca.
Entre las condiciones que propician los linchamientos están: la percepción de vulnerabilidad en la ciudadanía; desesperación, rabia y hartazgo colectivo, la falta de confianza en las autoridades por su poca respuesta ante la criminalidad, y el capital social o las estructuras comunitarias organizadas, como grupos vecinales o religiosos, que permiten la movilización colectiva.
Los principales delitos que motivan a las comunidades a linchar son distintas modalidades de robo —en más de la mitad de los casos—; en segundo lugar, están los secuestros; luego, asesinatos; y, finalmente, crímenes de violencia sexual. Sin embargo, no siempre las víctimas son culpables de los delitos que se les atribuyen, dice Ley:
“Hablamos de presuntos malhechores, porque tampoco tenemos evidencia o información verificada de que efectivamente hayan cometido un delito. Los linchamientos no necesariamente reaccionan a evidencia; hay estudios que refieren cómo los rumores también son parte de cómo se sostienen este tipo de eventos”.
En cuanto a la participación de autoridades y policías, la LEM revela que solo en poco más del 50% de los linchamientos hay intervención de ellas y su participación es principalmente para detener el evento o para arrestar a la víctima, sin embargo, en ocasiones los oficiales solo son observadores y hay casos en los que también terminan siendo víctimas de la multitud.
Pese a que la mayoría de los linchamientos no terminan siendo letales, al menos, una cuarta parte de ellos sí resulta con la muerte de sus víctimas.
En este proyecto, Ley colabora con las investigadoras Hannah Baron, de la Tulane University; y Lauren Young y Haley Daarstad de la UC Davis. El desarrollo de la LEM se realizó a través de la consulta y análisis de periódicos nacionales y locales de todo el país.
“Nuestro deseo es que la base de datos se pueda hacer pública con el Tec de Monterrey, a través de la nueva Iniciativa de Democracia y Gobernanza de la Escuela de Ciencia Sociales y Gobierno; y que esté acompañada de un policy brief que abra esa conversación pública”.
Los linchamientos no significan mayor seguridad
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos describe a los linchamientos como actos ilícitos, que debilitan las instituciones democráticas, violentan derechos humanos y más que constituir una forma de justicia, contribuyen a debilitar o imposibilitar el acceso a la misma.
Uno de los objetivos de esta investigación es analizar cómo impactan en la percepción de seguridad entre la ciudadanía. Los primeros hallazgos revelan que estos eventos tienen un efecto limitado y temporal, es decir, solo generan una sensación momentánea de control o protección, pero, en el mediano y largo plazo, no producen la confianza de que la violencia se reducirá.
“Los linchamientos pueden dar la noción de que hay algo que estamos haciendo para contener el crimen, pero también te están señalando que hay un Estado ausente. La gente no se siente más segura al ver que su comunidad se hace cargo de los delincuentes”, comenta Ley.
En ese sentido, la falta de presencia de las autoridades en cerca de la mitad de los eventos —o su limitada participación cuando sí asisten— tampoco ayuda a mejorar la imagen de las fuerzas policiales, pero sí puede aumentar la desconfianza en ellas.
Los datos preliminares de la investigación también señalan que los linchamientos no tienen el efecto deseado de reducir la delincuencia. Incluso, en algunas regiones, se detectó un aumento en los niveles de algunos delitos comunes.
Por ejemplo, en municipios que experimentan tasas más altas de de delitos como robo de coches, se presentaron mayores niveles de delincuencia. Sin embargo, en delitos de alto perfil, como homicidios, no se observó un efecto o cambio relevante.
Ley señala que para abordar el fenómeno de los linchamientos es necesario fortalecer el Estado de Derecho —con instituciones más robustas, confiables y eficaces—; además, promover un trabajo colaborativo entre la sociedad y el Estado, así como una reflexión colectiva sobre las repercusiones de que la ciudadanía haga justicia por su cuenta.
“Hay una conversación pendiente sobre las consecuencias que tienen estos eventos y es ahí donde esperamos poder diseminar nuestros resultados. Tenemos que empezar a abrir esas conversaciones con evidencia y —con esta investigación— esperamos poder dar mayor luz”, dice Ley.
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