Por Alba Flores Marroquín / Ciencia Amateur
Autores revisores Pedro Torres Estrada y Sylvia García Mariño
El crimen organizado ha encontrado en los procesos electorales una doble oportunidad: lavar dinero y asegurar protección para sus intereses.
Esta estrategia se conoce como dumping criminal, una inyección agresiva de capital ilícito que busca colocar a actores afines en el poder y manipular decisiones públicas a su favor. [1,2,3]
Además del control político, estos grupos buscan acceder a información sensible como movimientos de seguridad, bases de datos, grabaciones, licencias o domicilios. Al penetrar el aparato estatal, los riesgos se multiplican, generando desde un debilitamiento del estado de derecho hasta amenazas directas contra denunciantes y opositores.
Financiamiento ilícito
Durante las campañas políticas, candidatos y partidos despliegan actividades de gran escala para llegar al mayor número de votantes posible: actos masivos, espectaculares, visitas puerta a puerta, espacios en medios tradicionales y, cada vez más, campañas en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o X. [4,5,6]
Estas acciones exigen presupuestos elevados, cuya procedencia debe ajustarse a la ley, respetar los topes de gasto y garantizar transparencia. Sin embargo, cuando los recursos provienen de actos de corrupción o actividades criminales, se incurre en financiamiento ilícito, un fenómeno que amenaza el equilibrio democrático.
De hecho, en las etapas preparatorias de una elección y durante la jornada electoral, aumenta el dinero circulando en la economía, pero también se incrementan los casos de corrupción, violencia electoral, agresiones, amenazas e intimidaciones a los actores políticos.
Actualmente, el Instituto Nacional Electoral (INE) calcula el financiamiento público federal de las agrupaciones partidistas según lo discupuesto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, otorgando a partidos y candidatos independientes recursos para los diferentes actos de campaña que realizan. Aunque también pueden recibir financiamiento privado y aportaciones de simpatizantes, tanto en dinero como en especie. [7]
Sin embargo, las campañas políticas, con su intensa necesidad de recursos financieros, continúan siendo un campo propicio para el lavado de dinero, donde diferentes tipos de actores buscan legalizar o blanquear capitales provenientes de ganancias ilícitas o actos de corrupción a cambio de favores políticos. [8]
Fondeo electoral: actividad vulnerable
El financiamiento político podría catalogarse como una actividad altamente vulnerable ante el crimen organizado, ya que desde el fondeo electoral se pueden generar vicios y desviaciones de poder que, posteriormente, se replican en los gobiernos de todos los niveles.
Hay autores que indican que existen diferentes tipos de actores interesados en “invertir” en las campañas políticas, esperando recuperar algo a cambio, ya sea dinero, información, influencia, protección personal o comercial. [9,10,11]
Para hacer frente a este problema, hay países que han adoptado reformas importantes. Perú penalizó en 2018 el financiamiento de origen delictivo; Colombia sanciona desde 2017 la omisión de topes y la aceptación de fondos prohibidos. Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay han limitado la duración de campañas, prohibido donaciones anónimas y regulado la contratación de propaganda. [12]
Sin embargo, permanece la brecha entre el establecimiento de la norma y su cumplimiento fáctico.
En México, las reformas han ampliado las facultades del INE, que ahora cuenta con un sistema público de fiscalización. A pesar de ello, continúan prácticas como el uso de empresas fachada para desviar recursos. [13]
4 factores que facilitan el dumping criminal
Corrupción, influencia del crimen organizado, debilidad en el marco legal vigente y falta de transparencia son los cuatro factores constantes en la literatura especializada cuando se relacionan los términos “lavado de dinero”, “campañas electorales”, “financiamiento electoral” y “financiamiento ilícito”:
El primero (la corrupción) facilita el intercambio de favores por recursos [14,15], lo que permite que el crimen organizado desestabilice instituciones, promoviendo ciclos viciosos de inseguridad donde, en algunos escenarios, miembros de las redes criminales pueden colaborar con gobiernos corruptos, organizaciones paramilitares y grupos terroristas. [16]
Entre los indicadores que permiten identificar el índice de corrupción están los costos del delito, la incidencia delictiva, los delintos no denunciados (o cifra negra), la percepción de corrupción estatal, los delitos electorales y los delitos cometidos por servidores públicos
En tanto que la intervención del crimen organizado se entiende al analizar la percepción de la seguridad, la eficacia e independencia del sistema judicial, la cooperación con instituciones/organizaciones, las sanciones y multas impuestas a partidos políticos o candidatos, las agresiones a periodistas, la falsificación de dinero y contrabando, los asesinatos a candidatas y candidatos y los actos violentos en elecciones.
En cuanto el marco legal, se ha identificado que, a mayor debilidad de este, es posible que haya brechas más amplias que permitan el ingreso de dinero de procedencia ilícita a la contienda electoral.
Es importante identificar que, aunque existan sanciones, mientras éstas no se hagan cumplir de manera estricta, hay un incentivo más poderoso para incumplir la ley y cometer delitos electorales.
De hecho, la falta de fiscalización en las finanzas de las campañas permite que el dinero ilícito fluya sin ser detectado.
Cómo resolver este problema
Las tareas pendientes para resolver este problema consisten en robustecer los sistemas de monitoreo financiero en tiempo real durante las campañas electorales, aplicar sanciones ejemplares a partidos y candidatos que reciban recursos ilícitos, y profesionalizar a las autoridades responsables de auditar y supervisar las finanzas electorales, con el fin de garantizar una mayor transparencia y el cumplimiento efectivo de la normativa.
Referencias
- Payan, T., & Torres Estrada, P. R. (Coords.). (2022). Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero. Editorial Tirant lo Blanch. ISBN: 978-84-1130-360-6.
- Torres Estrada, P. R. (2021). Extinction of domain as a tool to attack the assets of crime in Mexico’s Northeastern Region. Filodiritto.
- Estrada, P.R.T., Bagatella, J.C.M., Ferrel, C.V. et al. Public policies against criminal assets in mexico: challenges and opportunities from the north border states. Crime Law Soc Change 76, 387–407 (2021).
- Herrnson, P. (1988). The Importance of Party Campaigning. Polity, 20(4), 714-719.
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Autora
Alba Flores Marroquín. Estudiante de la Maestría en Administración y Política Pública, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, del Tecnológico de Monterrey.
Autores revisores
Este texto fue supervisado por Pedro Rubén Torres Estrada, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, y Sylvia Camila García Mariño, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
