En México, sacerdotes, pastores y otros líderes religiosos han sido víctimas de ataques —muchos de ellos vinculados al crimen organizado—, entre ellos asesinatos, extorsiones y secuestros. Entre 2006 y 2024 se documentaron 211 agresiones. La violencia, además, ha aumentado en los últimos años: de 2018 a 2024 se registró un promedio de 20 ataques al año, más del doble que en periodos anteriores, según dos investigadoras.
Las científicas buscan identificar bajo qué condiciones ocurren estas agresiones y cómo pueden ayudar a explicar la lógica con la que operan estos cárteles, ya que los grupos criminales no solo controlan mercados ilegales, sino que también buscan dominar la vida cotidiana de las comunidades donde tienen presencia, un fenómeno conocido como gobernanza criminal.
Para mantener ese poder, necesitan que los miembros de esas comunidades toleren o encubran sus acciones y no las denuncien. Los líderes religiosos pueden ser un obstáculo, pues cuentan con autoridad moral, redes comunitarias y capacidad de movilización.
“Nosotras lo interpretamos como esa búsqueda de los grupos criminales del control social”, dice Sandra Ley, profesora distinguida de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno (ECSG) del Tec de Monterrey y una de las responsables de la investigación.
Aunque investigaciones previas han documentado esta violencia y el papel de las iglesias en las comunidades afectadas por el crimen organizado, aún existen vacíos de conocimiento sobre las causas de estos ataques y las estrategias que emplean esos líderes para enfrentarlos.
El proyecto busca contribuir a llenar estos vacíos mediante datos cuantitativos y cualitativos, incluyendo una base de datos de ataques a escala municipal, análisis estadísticos, entrevistas, encuestas y talleres.
Para las investigadoras, se trata de un actor social particular: “Existen aspectos importantes en los que los líderes religiosos son líderes sociales, al igual que los periodistas o políticos, pero también hay muchas formas en las que se distinguen”, dice Radha Sarkar, profesora investigadora de la ECSG.
Dos décadas de ataques contra líderes religiosos, en datos
Aunque la investigación sigue en curso, de la mano de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, las expertas han desarrollado una base de datos llamada Attacks against Religious Actors in Mexico (ARAM) a partir de reportes en medios de comunicación.
En ARAM registran información sobre la ubicación, fecha, características de las agresiones —como tipo de arma utilizada—, víctimas, posibles responsables y señales de violencia criminal.
“Dado que recurrimos a fuentes periodísticas, el sesgo aparece, ya que no todos los episodios de violencia son considerados igualmente dignos de ser noticia”, apunta Sarkar.
Por ello, han buscado complementar la información mediante trabajo de campo preliminar con 60 líderes religiosos en comunidades de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Chihuahua. A través de entrevistas y talleres se han acercado a sus experiencias frente a la violencia del crimen organizado y las estrategias que usan para enfrentarla.
En su análisis preliminar, han encontrado que los sacerdotes católicos tienden a proponer soluciones colectivas, como marchas por la paz y grupos de apoyo, mientras que los pastores evangélicos recurren al acompañamiento individual.
También han observado que la mayor parte de la violencia la viven los líderes religiosos a nivel local que trabajan directamente con las comunidades, como los párrocos, y no tanto figuras de mayor jerarquía, como los obispos.
La lucha por el control de las comunidades
A lo largo de los años, Sandra Ley ha estudiado la violencia de estos grupos hacia otros actores sociales, como periodistas y políticos, y su hipótesis, que comparte con Sarkar, es que los líderes religiosos también representan una amenaza para estas organizaciones.
Por ejemplo, sacerdotes y pastores pueden acompañar a madres y familias buscadoras, ayudar a víctimas a presentar denuncias y darles seguimiento, organizar marchas por la paz, proporcionar apoyo espiritual y emocional, así como usar sus sermones para desalentar la colaboración de sus feligreses con grupos criminales.
Un factor importante en esto parece ser la disputa por el territorio. “En los lugares en donde hay mayor competencia criminal encuentras que hay un mayor número de estos ataques”, dice Ley.
Sin embargo, la relación no siempre es de confrontación. Durante su trabajo de campo, las investigadoras también han encontrado testimonios de líderes religiosos que reciben dinero o recursos de grupos criminales o que colaboran con ellos. Otros pueden resultar vulnerables al intentar negociar acuerdos de paz entre organizaciones rivales.
Además, no todos los ataques documentados están relacionados con el crimen organizado. En Chiapas, por ejemplo, también han identificado violencia asociada a la intolerancia religiosa.
Algunos ataques podrían estar relacionados con la resistencia al control criminal, mientras que otros podrían deberse a conflictos o negociaciones fallidas, así como a la violencia por discriminación, aunque las investigadoras consideran que esta última es la menos común.
“Lo que observamos es más estratégico que un crimen de odio”, dice Sarkar.
Comprender la lógica de los ataques
Ley y Sarkar fueron seleccionadas para los Harry Frank Guggenheim Distinguished Scholar Awards 2026 y con ese financiamiento planean expandir su investigación.
Algunos de sus principales objetivos son entender la lógica detrás de estos ataques, así como identificar las diferencias entre las estrategias que usan las distintas denominaciones religiosas para enfrentar la violencia y los factores que permiten a algunas comunidades organizarse y resistir al crimen organizado.
“Uno de nuestros hallazgos más positivos es hasta qué punto las personas son capaces y están dispuestas a asumir riesgos para proteger a sus comunidades”, explica Sarkar. “Eso es heroísmo cotidiano”.
Otra de sus prioridades es incorporar las experiencias, poco documentadas, de mujeres religiosas como monjas y catequistas que trabajan con las comunidades afectadas por el crimen organizado y forman parte de ellas, sobre las cuales se sabe poco.
Para ello, buscan vínculos con organizaciones religiosas que les permitan documentar sus experiencias, los riesgos que enfrentan y su papel en la resistencia comunitaria.
A futuro, esperan que sus hallazgos contribuyan al desarrollo de protocolos de seguridad, al fortalecimiento de redes comunitarias y al diseño de políticas públicas para prevenir estos ataques.
“Creemos que podemos estar en un buen momento para detener esta violencia, pero eso empieza por tener más y mejores datos sobre la lógica detrás de ella”, dice Ley.
