Por Laurence Pantin
Este domingo, la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a 2,661 cargos judiciales de entre 7,784 personas candidatas a nivel federal y en 19 estados.
Si bien en otros países se eligen a ciertas categorías de jueces por voto popular, es importante destacar que, en varios aspectos, esta elección judicial es inédita. Primero, México es el único país en el mundo que va a someter a elección a las personas juzgadoras de todos los niveles: primera instancia, apelación y Suprema Corte, tanto a nivel federal como estatal. Pero para que esta elección sea posible, México también se volverá el único país del mundo en destituir a todas sus personas juzgadoras en un lapso de dos años.
Este cambio, que se acompaña de la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial –con amplias atribuciones para investigar y, en su caso, sancionar al personal judicial y en particular a las personas juzgadoras–, conlleva serios riesgos para la independencia judicial.
Es importante recordar que la independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino una garantía, para quienes tienen un asunto en un juzgado o un tribunal, de que la persona que resolverá su caso lo hará con base en los hechos y el derecho, y no con base en presiones políticas, económicas o de cualquier otra índole.
Por ello, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec decidió impulsar la creación de un Observatorio de la Justicia, bajo la coordinación del ministro en retiro José Ramón Cossío y de quien escribe estas líneas.
Este Observatorio tiene como objetivo impulsar cambios normativos y en las prácticas de las instituciones judiciales que mejoren la calidad, la eficacia y la independencia de la judicatura, al proponer recomendaciones basadas en evidencia.
Ahora bien, en el contexto de la reforma judicial aprobada en septiembre del año pasado, el Observatorio buscará específicamente analizar el impacto de esta reforma en tres ejes.
Primero, tenemos un eje de estructura orgánica desde el cual hemos empezado a analizar ciertos aspectos de las elecciones judiciales. Por ejemplo, organizamos dos talleres donde invitamos a especialistas de Bolivia para que compartieran su experiencia monitoreando procesos electorales en ese país, así como a expertos en materia electoral para explicar las reglas de este proceso electoral y en qué se alejan de las reglas de las elecciones generales.
Por otra parte, una vez concluidas estas elecciones, compararemos el perfil de las personas juzgadoras antes y después de la reforma. Buscaremos averiguar si la reforma cumplió con su propósito de renovar el Poder Judicial, con la llegada de personas con perfiles más plurales. Pero también buscaremos medir el impacto de esta sustitución sobre el promedio de edad, años de experiencia y trayectoria del conjunto de las personas juzgadoras.
En los siguientes meses, es probable que las nuevas personas juzgadoras tengan una larga curva de aprendizaje, lo que puede impactar en su eficiencia y en el rezago que podrían acumular en sus respectivos juzgados y tribunales. Eso, a su vez, podría afectar a las personas justiciables, quienes tendrían que esperar más tiempo para que sus asuntos se resuelvan. Por ello, también buscaremos analizar el impacto de la reforma en los tiempos de resoluciones de los asuntos judiciales.
El segundo eje del Observatorio se enfocará en el aspecto propiamente jurisdiccional. El profesor Roberto Lara Chagoyán ha estado trabajando en establecer una línea base de la jurisprudencia existente en ocho ámbitos: garantías de seguridad jurídica, gestión pública eficiente, justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, libertades públicas, derecho de familia, regulación de las relaciones comerciales, derechos laborales y conflictos competenciales. Una vez que las nuevas personas juzgadoras tomen sus funciones y empiecen a producir sentencias y nuevos criterios, buscaremos comparar el alcance de nuestros derechos antes y después de la reforma.
Finalmente, el tercer eje se centrará en el aspecto disciplinario, donde analizaremos el funcionamiento del nuevo Tribunal de Disciplina y sus criterios para sancionar al personal jurisdiccional, y en su caso, a personas juzgadoras. En particular, buscaremos saber si existen indicios de que las decisiones del Tribunal son basadas en criterios objetivos o si, al contrario, dejan entrever posibles decisiones arbitrarias. También intentaremos evaluar el impacto de estas resoluciones en la independencia de las personas juzgadoras.
Frente a la posibilidad de que la reforma judicial represente un retroceso para nuestro Estado de Derecho, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Como académicos, tenemos la responsabilidad de documentar los posibles impactos de esta reforma y proponer recomendaciones para mejorar el sistema de justicia en nuestro país.
Laurence Pantin. Es co-coordinadora del Observatorio de la Justicia de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es Doctora en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York (NYU), y Licenciada en Comunicación por el Instituto de Ciencias Políticas de París (Sciences Po). Sus líneas de investigación son: independencia judicial, justicia abierta, justicia digital y poderes judiciales estatales.
