No hay tecnología que pueda indagar si hay o no corrupción en los contratos de obra y compras públicas del gobierno federal actual, porque esta administración se ha caracterizado por poner candados de confidencialidad o reservados, indica la profesora Bonnie J. Palifka, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey
“El ejercicio en la administración pública actual ha sido más opaco y si no podemos consultar esos contratos, la tecnología no va a poder extraer esa información, porque están reservados legalmente y no podremos conocer su contenido por muchos años”, dice.
En sexenios previos, al menos se subían los PDF de contratos escaneados que presentaban problemas de legibilidad y no eran muy prácticos para usarlos en programas de Inteligencia Artificial (IA) pero era algo, ahora –desde la pandemia se transparenta menos– incluso en ese formato.
“Si no hay nada qué esconder, publica los contratos”, dice la autora del libro Corrupción y Gobierno: Causas, Consecuencias y Reformas, cuya segunda edición recibió el premio Rómulo Garza.
La profesora Bonnie J. Palifka, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Tec, es fundadora y organizadora de la reunión Academia contra la Corrupción en las Américas. (Foto: CONECTA).
La tecnología contra la corrupción
Usamos la tecnología para evidenciar la corrupción, en actos tan simples como grabar a un policía de tránsito con el teléfono celular cuando intenta sacarnos una “mordida”, pero también hay instrumentos sofisticados como la IA y Big Data para seguir su rastro en los contratos públicos del gobierno.
Bonnie J. Palifka explica que se pueden aprovechar las herramientas de visualización de redes para encontrar las conexiones entre las empresas que obtienen contratos públicos y los servidores públicos, gobernadores y congresistas que les otorgan.
El punto clave es que esa información debe estar pública, porque es un ejercicio de rendición de cuentas básico hacia los ciudadanos.
La doctora en economía por la Universidad de Texas en Austin anota que no basta con tener portales de transparencia en la administración pública si la mayoría de los contratos se reservan o son confidenciales.
A partir de la pandemia los gobiernos fueron más opacos en la publicación de los contratos, “quizá porque los gobiernos estaban muy ocupados y tenían otras prioridades pero hay que superar ese rezago”, indica.
Estudiantes del Tec, por ejemplo, desarrollaron una plataforma que examina todos los contratos públicos de una ciudad otorgados a obras públicas y visualiza en un mapa dónde se ubica, cuándo se inició, cuándo se terminó, cuánto debió costar, cuánto costó en realidad y hay un botón para que la ciudadanía le dé seguimiento a esos proyectos.
Otra iniciativa es la plataforma Denuncia corrupción, creada durante la pandemia por la iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec, para recibir reportes de malas prácticas en el sector salud por diferentes razones como conseguir una cama o un ventilador.
Las ‘red flags’ de la corrupción
La especialista considera que las red flags más comunes para sospechar de prácticas de corrupción son:
- Cuando se pone un periodo muy corto entre la publicación de una convocatoria para una licitación y la fecha límite de entrega de propuestas. Suele significar que hay una licitación a modo y en la dependencia ya tienen en mente quién va a ser el ganador del contrato.
- Si solo se presenta una propuesta, lo ideal es que en los procesos de contratación pública haya varias.
- El mismo grupo de empresas siempre obtiene los contratos en una dependencia u otra, no hay diversidad, y no se abren a nuevos participantes.
