Por Ximena Flores González y Perla Paloma Lepez Escorcia / Ciencia Amateur
Desde la década de los 80, el crimen organizado en México ha desempeñado un rol significativo dentro de la política, alterando la seguridad pública y jugando un papel activo a través del financiamiento de campañas electorales [1].
Este artículo explora la intervención del crimen organizado en las campañas electorales de los municipios mexicanos a través de financiamiento ilícito.
El análisis se enfoca en los factores sociopolíticos y económicos que hacen vulnerables a ciertos municipios, facilitando que los grupos criminales controlen el ámbito político y, con ello, aseguren sus intereses ilícitos. Para ello, se creó un perfil de riesgo municipal de intervención del crimen organizado en las finanzas locales.
Complicidad, una práctica normalizada
La complicidad entre candidatos políticos y el crimen organizado, especialmente en los gobiernos locales, afecta el proceso democrático y propicia actividades ilícitas. Para las células criminales, tener un funcionario público coludido, puede facilitar otros ilícitos, como el lavado de dinero, la protección y la impunidad.
Bajo este contexto, se refuerzan los nexos entre el gobierno y el crimen organizado, al punto que incluso el crimen organizado cumple las funciones del Estado, lo que ocasiona un respaldo de las mismas comunidades por la derrama económica que llega a las zonas marginadas [2]
Debido a esto, el financiamiento ilícito por parte del crimen organizado a campañas electorales, se vuelve una práctica normalizada y aceptada dentro de la política local.
La infiltración del crimen organizado en campañas electorales impacta negativamente la cultura política, debilitando el Estado de derecho y alejando a la ciudadanía de una democracia plural.
La baja confianza ciudadana y la escasa participación política facilitan la influencia criminal en las elecciones, mientras que la debilidad institucional y la percepción de impunidad permiten la continuidad del financiamiento ilícito sin consecuencias significativas.
Para contrarrestar esta situación, se ha sugerido fortalecer la transparencia en el financiamiento de campañas mediante auditorías, reportes públicos y fomentar la colaboración entre ciudadanos, instituciones y organizaciones civiles.
Además, la creación de observatorios ciudadanos y la capacitación local permitirían identificar patrones sospechosos, promoviendo una cultura de denuncia y dificultando la operación criminal en el ámbito electoral [3].
Niveles de vulnerabilidad
Dentro de esta investigación se buscó identificar y analizar los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de los municipios mexicanos y conducen a la infiltración del crimen organizado en las campañas electorales mediante financiamiento ilícito.
Mediante un enfoque mixto y un análisis detallado de variables como: la presencia de cárteles, la infraestructura (puertos y fronteras), el Estado de derecho, la participación política, y la clasificación rural o urbana de las localidades, se creó un perfil de riesgo específico para cada municipio mexicano.
Para la construcción del perfil de riesgo, se siguió un enfoque metodológico basado en la transformación de datos y la asignación de puntuaciones, para clasificar municipios mexicanos en cinco niveles de riesgo: «muy alto», «alto», «medio», «bajo» y «muy bajo».
Dentro de los resultados de este modelo, se encontró que de los 2,469 municipios mexicanos, 502 fueron clasificados con riesgo «muy alto»; 1,050 con riesgo «alto»; 764 con riesgo «medio»; y 150 con riesgo «bajo».
No se identificaron municipios en la categoría «muy bajo», pues el Estado de derecho en México es calificado como limitado, aunado a que la presencia de grupos de crimen organizado es de al menos un cártel por localidad, en la mayoría de los casos.
Termómetro de riesgo
Estos resultados sugieren que factores como el número de cárteles, la proximidad a fronteras y puertos, la clasificación territorial y la participación política están asociados con el nivel de riesgo de infiltración del crimen organizado en las finanzas electorales municipales, esta hipótesis fue confirmada dentro de un modelo de regresión lineal utilizada para validar los datos obtenidos.
A pesar de los resultados obtenidos, cabe señalar algunas limitaciones importantes principalmente debido a la naturaleza ilícita y clandestina del lavado de dinero, lo que dificulta obtener datos directos y confiables.
Ante esta falta de información oficial, se optó por un enfoque metodológico basado en categorías específicas, lo cual permitió un análisis más sistemático, aunque indirecto. Sin embargo, los obstáculos para monitorear el flujo de dinero ilícito y la capacidad de adaptación del crimen organizado dificultan generalizar los resultados y sugieren la necesidad de enfoques aún más específicos.
Estas limitaciones enfatizan la importancia de interpretar los hallazgos, además de fortalecer la calidad de datos y metodologías en futuras investigaciones sobre financiamiento ilícito en campañas municipales en México.
A pesar de la dificultad para obtener datos precisos por la naturaleza clandestina de estas prácticas, el análisis de categorías permite una evaluación sistemática del fenómeno. Los hallazgos subrayan la urgencia de políticas públicas que fortalezcan la transparencia en las campañas y promuevan la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional para salvaguardar los procesos democráticos en México.
Referencias
- Casas-Zamora, K. (2013). Dangerous Liaisons: Organized Crime and Political Finance in Latin America and Beyond.
- Sánchez L., Castillo, M. & Melchor, D. (2020). Lavar dinero en México: un delito del que se sale fácil. Mexicanos contra la corrupción.
- Torres, P. & Payan, T. (2022). Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero. Tirant lo Blanch.
- Boudreaux, . & Torres, . (2020). La Violencia Política, el Crimen Organizado, y el Secreto Público en las Elecciones Mexicanas 2017–2018. The Latin Americanist 64(1), 28-45.
- González, C. & Ley, S. (2024). ¿Cómo vulnera el crimen organizado las elecciones y los gobiernos municipales?. México Evalúa.
- Integralia. (2024). Primer reporte de violencia política: Mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales, 2024.
- Lettieri, M. (2018). Why are Mexico’s elections likely to generate violence? Council on Hemispheric Affairs, Washington, D.C. www.coha.org
- Meza, R. (2021). Violencia política en el proceso electoral 2020-2021 en México: Disputa por el poder e injerencia del crimen organizado. El Cotidiano, 37(228), 39-50
- Quintela, R. Lavado de dinero. (2003)
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público | SHCP. (2016). 1ra Evaluación Nacional de Riesgos De Lavado de Dinero y Financiamiento Al Terrorismo en México.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2020). Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020
- Torres, P. & Montero, J. & Vázquez, C. & García, S. (2021). Public policies against criminal assets in Mexico: challenges and opportunities from the north border states. Crime Law Soc Change 76, 387–407 (2021).
- Torres, P. (2019). El dinero ilícito y el riesgo en los municipios mexicanos. El Universal.
Autoras
Perla Paloma Lepez Escorcia. Estudiante de la carrera Gobierno y Transformación Pública, y la carrera Relaciones Internacionales en el Tec de Monterrey. Es practicante en México Evalúa, en el programa de regulación y competencia económica, con interés en la investigación y el análisis de políticas públicas sobre temas de militarización de la seguridad pública, economía conductual y geopolítica de la región latinoamericana.
Ximena Flores González. Estudiante del programa de doble titulación, cursando la carrera de Economía y la carrera de Gobierno y Transformación Pública, en el Tec de Monterrey. Realiza sus prácticas profesionales en Valere Consultores en el área de investigación, ahondando en temas relacionados al análisis de datos y relaciones bilaterales con instituciones.
Revisores científicos
Sylvia Camila García Mariño. Es Maestra en Administración Pública y Política Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ha colaborado en proyectos de investigación con universidades nacionales y extranjeras en temas de combate de activos de la delincuencia, estrategias para su mitigación y mejoramiento de la gestión gubernamental.
Pedro Rubén Torres Estrada. Es Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Bolonia. Es miembro del claustro académico del Doctorado en Política Pública y de la Maestría en Administración Pública y Política Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Se ha desempeñado como investigador en las áreas de Derecho Constitucional, Políticas Públicas para la Justicia, modelos comparados de Justicia Penal.
