Por: Roberto Ponce y Marco Antonio Cruz Sandoval del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey**.
En las últimas décadas, se han llevado a cabo diversas conferencias y cumbres internacionales para lograr consenso en la creación de acuerdos y en la definición de objetivos y metas dirigidos a reforzar la resiliencia y la sostenibilidad urbana ante el cambio climático.
A pesar del compromiso de muchos países para alcanzar estos objetivos, solo unos pocos los incorporan como mandatos obligatorios en sus políticas públicas. Las Naciones Unidas advierten que son principalmente las economías de renta media y baja las que experimentan de manera desproporcionada las consecuencias de los desastres naturales, los cuales no solo conllevan a pérdidas humanas significativas sino también a severas repercusiones económicas.
La parálisis en la toma de decisiones ante este fenómeno resulta en un incremento del calentamiento global, lo que a su vez intensifica la frecuencia y severidad de eventos extremos, así como sus impactos sociales y económicos.
El 25 de octubre de 2023, Acapulco enfrentó la devastadora fuerza del ciclón tropical Otis, un huracán categoría 5, uno de los más intensos registrados en la historia en las costas del Pacífico mexicano.
El huracán dejó tras de sí una estela de destrucción: pérdidas humanas, aproximadamente 580,000 damnificados, 7,000 hectáreas de estructuras destruidas o gravemente dañadas y cerca de 900 kilómetros de carreteras afectadas.
Si bien el Servicio Meteorológico Nacional tenía conocimiento desde el domingo 22 de Octubre de Otis y de su trayectoria, la intensidad del ciclón tomó por sorpresa a la ciudad y corroboró la falta de planeación. En menos de 12 horas, Otis pasó de ser una tormenta tropical a huracán categoría 5, pasando de vientos de 100 km/hr a 330 km/hr cuando tocó tierra en las costas de Acapulco.
A pesar de que Otis alcanzó la categoría 5, el máximo nivel en la escala Saffir-Simpson para huracanes, la realidad de su impacto tiene matices territoriales y requiere una comprensión detallada de dos conceptos críticos: riesgo y vulnerabilidad.
El riesgo, en este contexto, se refiere a la probabilidad de sufrir daños por eventos, como Otis, con posibles repercusiones en lo social, económico, político y ambiental. La vulnerabilidad, por otro lado, explica el por qué, azotados con la misma fuerza de un desastre, distintas personas se encuentran en distintos niveles de riesgo, estas diferencias se deben a una compleja interacción de factores sociales y demográficos.
Este entramado de desigualdades, conocido como interseccionalidad, explica por qué las consecuencias del impacto de Otis difieren enormemente y pone de relieve la coexistencia de diversos Acapulcos, en términos de su nivel de ingreso.
Acapulco es uno de los 85 municipios que conforman el estado de Guerrero y, de acuerdo a datos del INEGI del 2020, tiene una población de 852,622 habitantes. Según datos de la Secretaría de Economía, durante el primer trimestre de 2023, el 61.6% de la población de Guerrero estaba económicamente activa. El Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) reporta que cerca del 70% de los trabajadores de la región dependían económicamente de Acapulco.
En cuanto a ingresos, el Centro para el Futuro de las Ciudades (CFC) del Tecnológico de Monterrey analizó las 74 zonas metropolitanas de México según la clasificación del Sistema Urbano Nacional (SUN) de 2018, y señala que Acapulco tiene el ingreso medio más bajo, con 8,315.20 pesos por persona trimestrales. Esto contrasta con zonas como Querétaro, Tijuana, Monterrey, Chihuahua, Hermosillo, Guanajuato, Cancún, Saltillo, Nogales y Guadalajara, donde el ingreso medio supera los 18 mil pesos trimestrales.
Adicionalmente, el CFC ha investigado la segregación socioespacial, caracterizada por la distribución desigual de diferentes estratos sociales en el territorio. Usando un índice global de segregación que varía de 0 a 1 (valor H), Acapulco se posiciona como la 59ª zona metropolitana más segregada de las 74 analizadas, con un índice de H=0.004.
El análisis adquiere mayor importancia al considerar datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2022), que indican que el 72.9% de los habitantes rurales de Guerrero y el 61.7% de los urbanos viven en pobreza. De manera similar, el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2022 de la Secretaría del Bienestar destaca que el 51.1% de la población de Acapulco vive en condiciones de pobreza, con un 23.4% sin acceso a agua potable y un 17.3% habitando en viviendas con pisos de tierra o estructuras endebles, a menudo en situaciones de hacinamiento.
La información proporcionada por el servicio de monitoreo terrestre Copernicus, en conjunto con los datos socioeconómicos del CONEVAL, arroja luz sobre las condiciones de vulnerabilidad de la región. Las imágenes y análisis presentan una narrativa visual de lo ocurrido: si bien la destrucción causada por el huracán Otis fue generalizada, se observa claramente que las comunidades con mayores niveles de rezago social enfrentaron el mayor grado de devastación.
La estela de destrucción dejada por el huracán Otis ha sacado a la luz una desigualdad arraigada y perpetuada sistemáticamente por diversas administraciones en un proceso de varias décadas. Se ha revelado también una notable deficiencia en la capacidad de respuesta. Esta circunstancia pdone de manifiesto la inexistencia de políticas adecuadas de adaptación a los retos del cambio climático. Resalta, con urgencia, la necesidad de formular estrategias que aseguren una adaptación y respuesta ágil frente a fenómenos climáticos extremos, al tiempo que consoliden la resiliencia a largo plazo, previniendo futuras desigualdades y vulnerabilidades.
La recuperación y reconstrucción tras el huracán Otis demanda una reevaluación fundamental de nuestros métodos de hacer ciudad. Es imperativo adoptar un nuevo paradigma y romper con el status-quo que ha guiado el desarrollo urbano en nuestro país. Esto requiere un liderazgo político visionario, que no solo comprenda la magnitud y la seriedad del cambio climático sino que también proponga políticas públicas y desarrolle herramientas de planificación con un firme compromiso hacia el bien común y que trasciendan distintas administraciones gubernamentales.
Estas iniciativas deben estar diseñadas para fomentar la resiliencia urbana y basarse siempre en evidencia científica rigurosa, en procesos de participación ciudadana y distinguiéndose por su enfoque en la justicia social, justicia ambiental, justicia espacial, y por promover la inclusión y la equidad como ejes centrales para la reconstrucción de nuestras comunidades.
Las estrategias para afrontar desastres naturales deben ser holísticas, integrando diversos factores y reconociendo la complejidad de sus interacciones. La necesidad de enfocarse en la resiliencia y adaptabilidad urbana se hace evidente al examinar el impacto del huracán Otis, especialmente en términos de la antigüedad de las zonas urbanizadas.
Datos del Centro para el Futuro de las Ciudades (CFC), revelan daños en áreas construidas antes de 1975, alcanzando cerca del 15% del área total. Por otro lado, las zonas edificadas en 2015 sufrieron aproximadamente el 11.08% de los daños.
Estos datos indican que las infraestructuras más antiguas, posiblemente regidas por normativas obsoletas que ignoraban los impactos del cambio climático, son particularmente vulnerables. Además, el daño significativo en construcciones más recientes sugiere que las regulaciones actuales podrían ser insuficientes o que la urbanización formal y asentamientos informales pudiesen estarse desarrollando en zonas de riesgo. Surge la interrogante de cómo gestionar tanto los asentamientos recién formados como aquellos ya consolidados en zonas de riesgo, y qué medidas tomar con infraestructuras antiguas construidas que no han considerado los riesgos actuales.
De la misma forma, es necesario repensar en un nuevo modelo de desarrollo económico para Acapulco y para el estado de Guerrero más resiliente. Esto pasa por una composición económica más diversificada y menos dependiente del sector turismo. Otis ha significado afectaciones del 60% de la actividad económica para Guerrero y el 100% para la ciudad costera. Según la Secretaría de Turismo, la industria turística se posiciona como el pilar más fuerte de la economía, constituyendo alrededor del 23.2% del PIB estatal.
Datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) indican que Acapulco cuenta con aproximadamente 302 establecimientos de hotelería y más de 5 mil negocios en el sector de preparación de alimentos. En términos de empleo, se ha estimado que cerca de 115 mil trabajadores formales del ámbito de servicios y comercio se han visto perjudicados, debido a que alrededor del 80% de los establecimientos físicos donde prestaban sus servicios han sufrido daños.
La ciudad de Acapulco enfrenta desafíos significativos tras los daños causados por el Huracán Otis. La próxima temporada vacacional de Diciembre, crucial para la economía local, se ve comprometida, limitando la capacidad de la ciudad y su administración para generar recursos esenciales para una recuperación rápida. Según especialistas, incluso en el mejor de los escenarios, Acapulco podría tardar cerca de dos años en recuperarse completamente.
Este desastre natural destaca la urgente necesidad de repensar la resiliencia de Acapulco frente al cambio climático. La reconstrucción no debe limitarse a reparaciones superficiales; en cambio, debe aprovecharse como un catalizador para fomentar un desarrollo sostenible y equitativo. Esto implica establecer las bases para un territorio capaz de adaptarse a los desafíos climáticos futuros.
**Roberto Ponce es líder de Ciencia de Ciudades y Marco Antonio Cruz Sandoval es fellow investigador de Ciencias de Ciudades. Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey.
