Desde hace varios años, países como México, Argentina o Brasil reconocieron legalmente el matrimonio igualitario. Sin embargo, esto no ocurre en toda América Latina. Como resultado, las parejas del mismo sexo pueden perder el reconocimiento de su vínculo al trasladarse a otro país de la región, lo que afecta derechos humanos y civiles asociados al matrimonio.
Investigadores del Tecnológico de Monterrey publicaron un estudio que analiza regulación del matrimonio igualitario en 20 países latinoamericanos. Su investigación documenta un fenómeno que denominaron como “multijurisdiccionalidad” y describe las distintas formas en que los sistemas legales reconocen esta figura y los efectos jurídicos dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentren.
El estudio llamado La multijurisdiccionalidad del matrimonio (igualitario) en América Latina: heteronormatividad, orientación sexual como categoría protegida y estándares de la Corte Interamericana, fue realizado por Arán García y Luis Fernando Flores, investigadores de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, en los campus Puebla y Querétaro, respectivamente.
El proyecto surgió de investigaciones previas sobre el matrimonio igualitario en México, cuando algunos estados lo reconocían legalmente y otros no.
“Vivimos en un mundo global”, explica García. “Cuando el tema quedó prácticamente resuelto en el país, decidimos ampliar la mirada hacia América Latina, para indagar cómo funcionan los derechos civiles, familiares y humanos en el ámbito de la multijurisdiccionalidad”.
Estándares desiguales provocan fragmentación geográfica
El equipo comparó cómo cada país define y aplica la figura del matrimonio, así como las diferencias existentes entre sus marcos jurídicos.
“La multijurisdiccionalidad nos permite observar cómo una misma institución jurídica puede ser entendida y regulada de formas distintas según el país”, dice Flores.
En ese trabajo, los investigadores analizaron las constituciones, códigos civiles y de familia de cada país. También revisaron sentencias nacionales y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2012, tras el caso Atala Riffo vs. Chile, la Corte reconoció que la orientación sexual es una categoría protegida frente a la discriminación. Más tarde, mediante la Opinión Consultiva OC-24/17, fortaleció los principios de igualdad y no discriminación para las parejas del mismo sexo.
El caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile se convirtió en un precedente clave para la región. En 2012, la CIDH determinó que el Estado chileno discriminó a Karen Atala al retirarle la custodia de sus tres hijas debido a su orientación sexual. El tribunal también concluyó que las menores fueron discriminadas, ya que las autoridades consideraron elementos que no habrían sido utilizados en un proceso entre padres heterosexuales.
Aunque los países de la región forman parte de un mismo sistema de derechos humanos, la implementación de estándares es desigual, lo que genera una fragmentación geográfica, opina Flores.
Los tres grupos de la región y su reconocimiento del matrimonio igualitario
Los investigadores también desarrollaron una radiografía estadística de América Latina para comprender cómo se comporta la figura del matrimonio en la región. Para ello utilizaron datos de nupcialidad de los 20 países y realizaron un análisis sobre el número de matrimonios celebrados.
Con base en esta información y el análisis de los marcos jurídicos, los investigadores observaron una división entre tres grupos de países en América Latina: los que reconocen el matrimonio igualitario, los que lo prohíben y los que no contemplan una definición expresa de esta figura.
El primer grupo está conformado por nueve países que reconocen plenamente el matrimonio igualitario y celebran miles de ellos cada año, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Uruguay. Brasil acumuló en 2023 alrededor de 11,000 matrimonios igualitarios, mientras, en México se reportaron más de 6,000.
Un segundo grupo lo integran 10 naciones que mantienen restricciones para el reconocimiento jurídico de estos matrimonios, entre ellas El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
En el tercer grupo está Bolivia, un país que mantiene una posición intermedia, pues aunque no reconoce plenamente el matrimonio igualitario, si mantiene otras figuras de unión para las parejas del mismo sexo, como las uniones civiles.
Para los investigadores, las diferencias regulatorias son relevantes, al tratarse de una región que se caracteriza por la movilidad humana.
Los obstáculos que enfrentan las parejas homosexuales por país
Por ejemplo, una pareja casada en un país que sí reconoce el matrimonio igualitario puede enfrentar obstáculos si se traslada a otra nación donde esa figura no existe o no tiene el mismo nivel de protección jurídica. Algunos de estos desafíos pueden afectar el reconocimiento del estado civil, el acceso a beneficios derivados del matrimonio, la seguridad social, las herencias e incluso la toma de decisiones en situaciones de emergencia médica.
“No hay efectos que sean iguales y existe esta fragmentación jurídica, primero en algunos casos adentro de los países y en otros también a nivel latinoamericano”, explica Flores. “Es complejo pensar que los países tengan estas diferencias de regulación”.
Para los investigadores, una de las principales causas de esta fragmentación es la persistencia de la heteronormatividad en las legislaciones latinoamericanas, es decir, el matrimonio se sigue concibiendo como la unión entre un hombre y una mujer, y en muchos casos ligado a la procreación.
García señala que los marcos jurídicos de algunas naciones que no han reconocido el matrimonio igualitario responden a concepciones históricas y tradicionales sobre la familia, influidas por factores culturales, religiosos y morales.
A pesar de estas diferencias regulatorias, García señala que en los próximos años se podría observar una evolución con cambios como reformas legislativas, compromiso político, participación y esfuerzo de actores sociales que promuevan el reconocimiento de estos derechos.
La orientación sexual ya es reconocida como una categoría protegida contra la discriminación y las resoluciones de la CIDH han promovido una visión más amplia e inclusiva de la familia. Esto ha contribuido a la construcción de un marco jurídico que respalda el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo en América Latina.
“Las mismas circunstancias y condiciones que sucedieron en México van a suceder en el sistema latinoamericano tarde que temprano”, afirma el investigador. “No sé cuándo y no sé si me dé la vida para verlo, pero de que va a llegar, va a llegar”.
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