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Uno de cada tres adultos en México enfrenta vulnerabilidad estructural

Investigadores del Tecnológico de Monterrey crearon un índice que ayuda a medir el riesgo de desarrollar limitaciones funcionales en adultos mexicanos.
El Índice de Vulnerabilidad Estructural para la Salud (SHVI) combina tres dimensiones que antes se evaluaban de manera independiente. (Ilustración: Gabriela Beltrán. Imágenes: Envato.)

Alrededor de 26 millones de adultos mexicanos —uno de cada tres— presentan una vulnerabilidad estructural que se asocia con una mayor probabilidad de experimentar limitaciones funcionales. Así lo revela un estudio realizado por investigadores del Tecnológico de Monterrey, quienes desarrollaron una herramienta a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2022.

Se trata del Índice de Vulnerabilidad Estructural para la Salud (SHVI, por sus siglas en inglés), una herramienta que integra tres dimensiones: rezago educativo, falta de seguridad social y pobreza material.

Parminder Kaur, autora del estudio, investigadora y profesora de la Escuela de Humanidades y Educación, explica que, “los estudios previos suelen analizar la educación, la situación socioeconómica y el acceso a la protección social por separado, pero en la vida real, las personas experimentan estos problemas al mismo tiempo”.

¿Qué son las limitaciones funcionales y por qué importa entenderlas?

Las limitaciones funcionales son dificultades para realizar actividades cotidianas de manera independiente debido a problemas físicos, sensoriales o cognitivos.

Para medir las limitaciones, los investigadores utilizaron un instrumento del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad, que evalúa la dificultad que tiene una persona para ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, comunicarse y el autocuidado.

El equipo analizó una muestra de 11,805 adultos mexicanos de la ENSANUT 2022, representativa de 84.73 millones de mexicanos mayores de 20 años. A partir del SHVI, se estimó que alrededor del 31% de esta población, cerca de 26 millones de personas, acumula dos o tres de las privaciones consideradas por el índice.

En el estudio, la profesora de la EHE colabora con Jatinder Jit Singh, investigador de la EGADE Business School, y José Mauricio Argüelles, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno.

“El gobierno ya mide quién vive en pobreza, pero no cómo vive esa pobreza ni cuáles pueden ser sus consecuencias”, dice la investigadora.

Una de las autoras del estudio es Parminder Kaur, investigadora y profesora de la EHE. (Foto: Linkedin)

Identifican un patrón de aumento en privaciones estructurales

Para diseñar el índice, el equipo retomó la metodología de conteo Alkire-Foster, también utilizada por el CONEVAL para medir la pobreza multidimensional.

El método considera la acumulación de distintas carencias sociales más allá del ingreso y los investigadores adaptaron ese enfoque para analizar cómo la acumulación de estas desventajas se asocia con un mayor riesgo de presentar limitaciones funcionales.

Los investigadores identificaron un patrón entre el aumento de las privaciones estructurales y en el riesgo de presentar limitaciones funcionales. La proporción de personas con estas limitaciones pasó de 6.3% entre quienes no presentaban ninguna privación a 17.7% entre quienes acumulaban las tres.

Otro hallazgo fue que estos efectos no se presentan igual en todas las edades. En adultos jóvenes, los efectos de estas privaciones sobre la salud son poco visibles, son más evidentes durante la mediana edad –entre los 40 y los 59 años–, y se intensifican conforme llega la vejez.

“Cuando somos jóvenes, nuestro cuerpo es resiliente. Aunque enfrentemos desventajas, el cuerpo logra resistir. Pero cuando llegamos a la mediana edad, si esos problemas no se atienden, si no contamos con los recursos, el conocimiento o el apoyo para enfrentarlos, las personas comienzan a deteriorarse”, explica Kaur.

La mediana edad, una ventana para prevenir el deterioro

La investigadora señala que, a partir de estos resultados, se puede ver a la mediana edad como una etapa clave para la prevención. Agrega que es durante esos años en los que el gobierno debería concentrar sus esfuerzos para identificar a la población vulnerable e impulsar programas que reduzcan las privaciones estructurales antes de que se conviertan en problemas de salud.

El estudio también encontró diferencias entre hombres y mujeres. Aunque el incremento del riesgo asociado con la vulnerabilidad estructural fue similar en ambos sexos, las mujeres partían de una prevalencia inicial más alta de limitaciones funcionales.

En la muestra analizada, el 11.5% de las mujeres reportó al menos una limitación funcional, mientras que entre los hombres fue el 8%.

“Esto muestra claramente que las mujeres son más vulnerables, pero eso no significa que los hombres no lo sean”, aclara la investigadora. “Las mujeres parten de un nivel de vulnerabilidad más alto desde el inicio”.

Según el estudio, esta diferencia podría estar asociada a factores de género como el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, la salud reproductiva y otras desigualdades que enfrentan las mujeres a lo largo de la vida.

La privación educativa limita mejoras en seguridad social

De las tres dimensiones analizadas, la privación educativa fue el predictor de mayor peso en cuanto al riesgo de presentar limitaciones funcionales. Esto se debe a que un mayor nivel educativo facilita el acceso a empleos formales y a la seguridad social; además de mejorar la comprensión de la información en salud y favorecer la atención médica oportuna.

“Completar la educación secundaria no es solo una inversión económica; también es una estrategia para prevenir la discapacidad”, afirma.

A partir de estos resultados, Kaur considera que programas como los del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) deberían entenderse también como estrategias de salud pública y envejecimiento saludable.

Además, propone que instituciones como el CONEVAL y el Instituto Nacional de Salud Pública vinculen sus bases de datos para facilitar la identificación de la población con mayor vulnerabilidad estructural y evaluar la eficacia de los programas sociales para reducir el riesgo de las limitaciones funcionales.

“Si el gobierno identifica a esta población utilizando la herramienta que proponemos, podrá dirigir mejor los programas hacia quienes más los necesitan”.

Para Kaur, el principal valor del SHVI es que aprovecha información que el gobierno ya recopila para identificar a la población con mayor vulnerabilidad estructural y orientar políticas públicas y programas de prevención antes de que aparezcan las limitaciones funcionales.


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Autor

Picture of Ricardo Treviño